La situación más difícil de afrontar para una familia, es la de quedarse sin su hogar.
Debido al estallido definitivo de
la burbuja inmobiliaria en el año 2009, estamos asistiendo a una grotesca
realidad: ya son casi 500.000 familias las que han sufrido desahucios.
En otros países de Europa, cuando
una familia se ve incapacitada para seguir pagando su hipoteca, la entidad
bancaria, como ocurre aquí, ejecuta esta hipoteca, sacándola finalmente a
subasta.
Pero la diferencia estriba en
que, si el procedimiento queda desierto, en estos lugares se aplica la figura
de la dación de pago: el banco se queda con la vivienda, pero la deuda queda
saldada.
Sin embargo, en España se “mima”
mucho más a los bancos: no sólo adquieren la vivienda al 50% de su valor tasado,
sino que además, tienen la libertad de exigir a los titulares de la hipoteca
todo el principal que reste por pagar, más los intereses, y para colmo, los
costes judiciales del procedimiento.
Así, las entidades bancarias
llevan desde 2007 acumulando viviendas ejecutadas y vacías, mientras los
“ejecutados” malviven acogidos por sus familiares, en el mejor de los casos. El
problema añadido es que se convierten en deudores, sin posibilidades de obtener
una vivienda, pues deben seguir pagando una casa que ya no disfrutan.
La creciente alarma social que
está provocando esta situación, fue creando un movimiento contra los
desahucios, representado por multitud de asociaciones y entidades, como por
ejemplo la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca,
que maneja el siguiente dato: sólo en el primer semestre de 2012, se han
producido 100.000 desahucios, 532 al día.
Estas dramáticas cifras, parecen
empezar a hacer mella en los verdaderos responsables de parar estos procesos,
que no hacen más que vulnerar, nada más y nada menos, que a nuestra
Constitución:
- Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho.
- Artículo 33: En él se limita claramente el derecho a la
propiedad privada al cumplimiento de su función social. Lo incumplen los bancos
acumulando viviendas no ocupadas.
- Artículo 24: En él se garantiza la tutela judicial a
los españoles, lo cual se vulnera en los procesos de ejecución hipotecaria,
donde exista una clara indefensión de los procesados.
De hecho, en el ámbito de los
profesionales de la justicia, se ha elaborado un informe por siete jueces donde
expresan las claras deficiencias que tiene la actual legislación hipotecaria: a
pesar de que los 46 jueces decanos del país han avalado este informe, el
Consejo General del Poder Judicial lo desechó hace dos semanas.
Recientemente, varias formaciones
políticas han mostrado su intención de reformar esta Ley Hipotecaria. Y es que
estamos hablando de que esta Ley viene de 1944, siendo aprobada por decreto su
nueva redacción en 1946.
El temor que se traslada desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es que esta
reforma no sea lo suficientemente efectiva, sobre todo con las familias que ya
han sufrido el desahucio.
Esta plataforma lleva proponiendo desde el principio:
- La
dación en pago retroactiva, para que pueda aplicarse a los que ya han sufrido
esta injusticia y siguen pagando una deuda prácticamente ilegítima.
- La moratoria inmediata de los desahucias de viviendas
habituales.
- El alquiler social de las viviendas en poder de las
entidades bancarias.
En marzo de 2011, la PAH, junto a otras entidades
sociales y organizaciones sindicales, registraron en el Congreso de los
Diputados una Iniciativa Legislativa Popular que contenía estas medidas. Cuando
esta iniciativa fuese autorizada, podrían empezar a recoger las 500.000 firmas
necesarias, pero el camino no fue fácil: la burocracia de los distintos
gobiernos estatales, dilató el procedimiento.
No ha sido hasta abril de 2012
cuando se ha dado la autorización definitiva para empezar a recoger firmas, y
el plazo acaba el 26 de enero de 2013. A día de hoy, llevan 441.511 firmas.
Toda esta problemática nos afecta
a todos los ciudadanos y ciudadanas de España; en nuestra provincia de Sevilla,
de enero a julio de 2012, se han producido 1.300 desahucios.
Desde Unidad por Carmona, queremos
reiterar nuestro apoyo total a esta iniciativa popular, como ya hizo nuestro
portavoz, Eduardo Rodríguez Puerto, votando a favor y proponiendo que la moción
se hiciese institucional cuando IU la presentó en nuestro Ayuntamiento, y
alabar a todas las asociaciones y entidades que siguen prestando su apoyo a las
familias afectadas cada día.
En el siguiente enlace aparecen
los puntos en Sevilla donde se puede firmar esta iniciativa para detener los desahucios:
http://www.quenotehipotequenlavida.org/?page_id=405
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